Estado y Tendencias del Gasto Público Social
Source: Banco Mundial
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El gasto público es una de las herramientas más importantes para propulsar el desarrollo humano. El año pasado, el BID publicó un reporte analizando la composición, evolución de y perspectivas sobre el gasto social en Centroamérica. En la misma tema, desde el Banco Mundial se ha publicado el reporte “Hacia un Gasto Público Social más Eficiente y Efectivo en América Central”, donde se detalla la composición del gasto público en los servicios sociales entre 2007 y 2014 así como las tendencias.

El reporte se basa en información proveniente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) relevante al gasto del sector social, que se combinó con información de los gobiernos nacionales de seis países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En general, los gastos en salud y educación representan una gran parte del gasto público en cada país, aunque son bajos en su participación en el PBI en comparación con otros países latinoamericanos. El gasto social en Honduras representó el 15 por ciento del PBI para 2014, mientras que para el Salvador fue del 13 y Guatemala, 8 por ciento. Si bien estos países son similares, tienen resultados muy divergentes en lo que respecta a la educación, salud y protección social. Entre 2007 y 2014, el gasto público social, medido como porcentaje del PBI, disminuyó en Honduras, y aumentó en Guatemala y El Salvador. En general, se gasta menos de lo asignado presupuestariamente debido a diferentes obstrucciones a la implementación. En Honduras y Guatemala, durante 2013, sólo se ejecutaron el 85 por ciento del presupuesto y en El Salvador, el 95 por ciento.

El gasto social en educación es el que mayor ejecución presupuestaria tiene para los tres países. La región enfrenta retos educativos principalmente en la finalización de la educación secundaria, aunque, por ejemplo, en Guatemala también se ha observado una caída de la matrícula primaria. La situación de los NiNis, tal como lo hemos explicado anteriormente, es preocupante en toda la región, pero especialmente en Guatemala, donde el 84 por ciento de las mujeres de entre 15 y 18 años no trabajan ni estudian, dedicándose a las tareas domésticas no remuneradas.

Hubo grandes avances en la provisión de servicios preescolares, con el entre el 50 y 60 por ciento de los niños menores de 6 años asistiendo a establecimientos educativos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, las tasas de deserción son particularmente altas en las regiones rurales, sobre todo en los últimos años de la secundaria. En El Salvador, a partir del ingreso a la secundaria, se observan tasas continuas de deserción en las escuelas rurales muy por arriba de las urbanas, llegando la matriculación a cubrir sólo el 40 por ciento de los niños de 17 años en las zonas rurales, y 60 en las urbanas.

La disponibilidad de establecimientos educativos en las áreas rurales es de por sí muy limitado, por lo que, dado que la provisión de servicios privados de educación está concentrada en las ciudades, niños en las zonas rurales tienen menos opciones educativas, limitando aún más la posibilidad de asistir a la escuela. En Honduras, el 30 por ciento de los niños entre 13 y 18 años asisten a establecimientos estatales en las zonas rurales, mientras que poco más del 4 por ciento van a escuelas privadas. En las ciudades, estos porcentajes son alrededor del 60 y 15 por ciento para los niños en áreas rurales y urbanas, respectivamente. Para poder cubrir eficientemente a toda la población rural de Honduras, se necesitarían en total 1079 establecimientos educativos, de los cuales sólo se cuenta con 192.

Existe una relación positiva entre ingresos y rendimiento educativo, por lo que las poblaciones más pobres son también las que obtienen peores resultados educativos, lo que las atrapa en un ciclo vicioso. Por ello, en El Salvador se ha implementado el modelo de escuela a tiempo completa, para promover la mejora de servicios en áreas más alejadas de los centros urbanos, mediante la integración de las escuelas en agrupaciones para mejorar la gobernanza y administración. Este programa, logró resultados positivos en la ampliación de cobertura rural, así como disminución de la deserción de los estudiantes y ausentismo de los profesores.

En lo que respecta a la salud, además de los problemas de inseguridad alimentaria que solemos cubrir en el Portal, se observan altas tasas de mortalidad materna al comparar con el resto de Latinoamérica (93 cada 10.000 nacidos vivos en Guatemala, 132 en Honduras, versus 69 de promedio en América Latina). Los servicios de salud son prestados principalmente por el Ministerio de Salud, cubriendo en El Salvador al 75 por ciento de la población, el 70 en Guatemala y el 60 de la población en Honduras. Si bien las tasas de cobertura aumentaron, los servicios están a más fácil acceso de la población urbana y con mayores ingresos.

Las políticas de protección social han aumentado en los últimos años, gracias a mejores mecanismos de focalización de beneficiarios, en especial las transferencias condicionadas. Aunque existen problemas de exclusión que limitan los efectos de estos programas han observado efectos positivos sobre la pobreza, educación y salud. En Honduras, el Bono 10.000 provocó en las zonas rurales un aumento del 7 por ciento en el consumo per cápita, 8.2 en la matrícula de la escuela primaria y un 2.6 en las visitas de menores de 3 años a centros médicos.

Analizando la rentabilidad (adecuado nivel de gasto) y eficiencia (focalización del mismo donde es más necesitado), se observa que en Guatemala el gasto social es eficiente, pero no rentable. Esto significa que, si bien se está aprovechando al máximo los recursos disponibles, el nivel de los mismos no es adecuado, sobre todo en el ámbito de la salud. En Honduras y El Salvador, el gasto no es ni eficiente ni rentable.

Finalmente, para mejorar los servicios y la adecuada asignación de responsabilidades, los autores realizan una serie de sugerencias. En el ámbito educativo, se destacan las evaluaciones generalizadas a toda la población y en la salud, se han implementado sistemas en base a resultados con monitoreo continuo de servicios, así como esfuerzos de ampliación de la cobertura. Sin embargo, es necesaria aún mayor inversión en la rendición de cuentas, para prevenir uso indebido de fondos y la correcta administración de los servicios. En lo que respecta a la protección social, existe un llamado por esfuerzos relevantes a la inclusión laboral de los jóvenes, así como programas de inclusión productiva con tasas de graduación efectiva.

Por más detalle sobre los componentes, los avances en los mismos, así como retos y oportunidades, se puede leer en profundidad el reporte en su totalidad en el siguiente enlace.

Escrito por Florencia Paz.

Crédito de la foto:Banco Mundial