Recursos hídricos en Centroamérica
Source: CAFOD
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La paradoja de la simultánea abundancia e inaccesibilidad de los recursos hídricos en Centroamérica ha sido discutida previamente en nuestro sitio ampliamente. La región se caracteriza por ser altamente vulnerable al cambio climático y desastres naturales asociados, tales como sequías e inundaciones, por lo que se encuentra en necesidad de un sistema de gestión del recurso para permitir el uso eficiente y sostenible del mismo. Esta situación no es única a Centroamérica y se repite en distintas partes del mundo, tal que el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible se refiere a garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento. Si bien se han registrado avances en el tema, aún queda por avanzar cuestiones de calidad, cobertura y tratamiento de las aguas grises y desagües. La Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership) ha publicado así, un reporte donde se busca tener un conocimiento más concreto de la situación en cada país centroamericano.

Ya en el Foro Mundial del Agua de 2015, se identificó que, en Centroamérica, el agua es un bien económico, social y ambiental, cuya gestión tiene un alto impacto al desarrollo sostenible. Esto implica la necesidad de mejorar infraestructura y capacidades, incluyendo sistemas de información para el uso sostenible del recurso. La inversión en la gestión hídrica tiene una gran influencia potencial para el logro de otros ODS, directa e indirectamente. La cooperación entre países para la administración de recursos transfronterizos se prueba fundamental, requiriendo el manejo coordinado de las cuencas y acuíferos compartidas. El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se apunta entonces como la plataforma para facilitar la coordinación y compartir conocimiento, pero la efectividad de estos esfuerzos va a depender de los fondos disponibles, por lo que se requiere el compromiso económico de los países involucrados.

El marco de políticas se encuentra formado a nivel internacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (específicamente el número seis), el Marco SENDAI y el Acuerdo de París, COP 21. A nivel regional, existen también tales como la Estrategia Regional de Cambio Climático Centroamérica 2010 (ERCC), la Agenda Regional de Saneamiento la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR). A nivel nacional, existen distintas iniciativas abordando el tema, que se gestiona principalmente mediante instituciones públicas. En Guatemala los municipios están asignados como responsables de la prestación del servicio según la Constitución Nacional, y la Ley Ambiental asegura que el servicio debe ser priorizado con fines domésticos. En El Salvador, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es la responsable de la gestión del recurso, los esfuerzos de una Ley Nacional se encuentran en tratamiento desde 2010. El marco legal en Honduras está formado por la Ley General de Aguas y el Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento, que establece normas de calidad y figura como ente regulador y tarifario.

Dada la contaminación y sobreexplotación de las cuencas, se cuestiona si las instancias institucionales para la gestión y administración del recurso son lo suficientemente eficientes, constituyendo al momento los mayores desafíos su articulación con la globalización de la economía, la exclusión social y el cambio climático. Para Guatemala, El Salvador y Honduras, si bien las tasas de cobertura son relativamente altas, reportando el 94, 90, 89 por ciento de la población accediendo a agua potable y el 80, 70 y 81 por ciento, existe alta variabilidad en la calidad de los servicios. Por ejemplo, los mismos suelen ser no continuos o requerir recorrer altas distancias diarias para su acceso, o por ejemplo, se considera acceso a servicios de saneamiento, desde letrina de pozo compartida entre distintos hogares hasta la conexión a servicios urbanos de cloacas. En Guatemala, se identifica además como desafíos puntuales a nivel nacional, a la falta de entes reguladores y sistemas de información nacional para el sector inexistente, además de que sólo el 15 por ciento del agua distribuida se encuentra efectivamente desinfectada. En El Salvador, similarmente tampoco existe un ente regulador claramente definido, y se observa servicio irregular y de baja calidad. Honduras tiene una alta dependencia de fondos de la cooperación internacional para la inversión del servicio.

En Guatemala, a 2011, la mayor demanda del recurso la consisten la industria (37 por ciento), seguida por las actividades agropecuarias y el suministro de energía (32 y 25 por ciento respectivamente). En El Salvador, sólo el riego consume más de la mitad del recurso disponible a 2016, mientras que el consumo humano se lleva el 30 por ciento del mismo. En Honduras, en 2003, el riego también representa más de la mitad de la demanda de agua, seguida en segundo lugar por usos domésticos y de energía hidroeléctrica (ambos alrededor del 15 por ciento).

Con la información recogida, se pueden identificar grandes áreas que constituyen oportunidades para el uso sostenible del agua. Garantizar la cobertura universal de agua potable de calidad tiene además una intrínseca relación con los esfuerzos de la seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza, en parte a través de la disminución de enfermedades asociadas. Similarmente, la priorización de la inversión en saneamiento es fundamental para prevenir la contaminación acuífera y mejorar la calidad del agua potable. El desarrollo de energías hidroeléctricas es un área con alto potencial para mitigar la dependencia en el petróleo y fomentar la inversión en infraestructura. Aumentar la eficiencia de la gestión del recurso con fines agrícolas es fundamental para tanto la economía nacional, así como la supervivencia de los pequeños productores. Otras oportunidades consisten en la sostenibilidad de los ecosistemas, la gobernanza del agua, la mejora del marco regulatorio y la seguridad hídrica, que es la capacidad para aprovechar el potencial productivo y simultáneamente limitar el potencial destructivo del recurso.

El reporte cuantifica los costos asociados a corto, mediano y plazo por país para alcanzar las prioridades de inversión teniendo en cuenta los retos particulares identificados. En Guatemala, estos incluyen inversiones en gestión del recurso hídrico (por ejemplo, en control de contaminación y un sistema de información de agua), la gobernanza (Ley de Aguas entre otros) y gobernabilidad (inversión en agua y saneamiento) que a corto plazo representarían casi 400 millones de dólares. En El Salvador, las necesidades se dividen en aprovechamiento del recurso hídrico (que incluye las redes de abastecimiento y conservación del recurso), mitigación de riesgos de fenómenos extremos y la gobernanza (principalmente referido al marco normativo) por un total de más de 800 millones de dólares. En Honduras las estimaciones indican que se requieren más de 6 mil millones de dólares hasta 2030 para mitigar el cambio climático, en actividades como la construcción de reservorios, inversión en educación, y herramientas institucionales entre otros.

Para leer en más detalle las acciones sugeridas así como un análisis profundo de los marcos institucionales por país y región, se puede consultar el trabajo completo en el siguiente enlace.

Escrito por Florencia Paz.

Crédito de la foto:CAFOD