Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en Centro América
Source: BID Ciudades Emergentes
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La Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha difundido la última publicación de sus Estudios de Casos Comparativos  “Evaluación del Apoyo Institucional del BID a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en Tres Países de Ingreso Medio-Bajo”. En el mismo, analizan la eficacia del BID en la implementación de estos programas en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son unas de las herramientas más útiles para combatir la pobreza dado que se pueden apuntalar directamente con incentivos monetarios a los servicios que se desean promover, como ser en ámbitos de salud, nutrición y educación. Desde mediados de los 90, el BID ha promovido este tipo de programas en la región de Latino América y el Caribe.

Para realizar la evaluación interna de estos programas, el trabajo emplea un enfoque de componentes. Estos componentes representan un marco de referencia constituido por elementos (y sus acciones específicas) que se pueden ser identificables en todos los programas. Los 10 componentes son: 1. Medición de la pobreza, 2.Análisis de la estructura de selección de beneficiarios, 3. Identificación de los organismos coordinadores e implementadores del programa, 4. Descripción de los incentivos monetarios 5. Determinación de las condicionalidades, 6. Detalle de la estructura de “graduación” de beneficiarios 7.Diseño de la metodología de pago, 8. Servicios complementarios necesarios (como ser planificación de extensión del programa), 9. Monitoreo y evaluación y 10. Estructura del financiamiento público del proyecto.

Con este marco en mente, se seleccionaron programas en los tres países del Triángulo Norte de Centro América. Si bien, El Salvador, Guatemala y Honduras están en la misma categoría económica, tienen algunas diferencias en materia social: los dos últimos observan tasas de pobreza de más del 50%, mientras que para El Salvador las cifras oscilan el 30%, lo que también está acompañado por estadísticas levemente mejores en materia de salud y educación (indicadores de mortalidad materna e infantil, desnutrición, analfabetismo, escolaridad primaria y progresión a la escuela secundaria).

En Honduras, el programa del Bono 10.000 (con sus previas encarnaciones PRAF I, PRAF II, PRAF III, Bono 10.000 y Bono Vida Mejor) tiene 240.000 hogares beneficiarios, a los que se les brinda US$ 250 o US$ 500 anualmente en base a la estructura del hogar, con resultados positivos observados en el ámbito de la matrícula escolar y usos de los servicios de salud. En el mismo, el aporte del BID asciende a US$ 502.5 millones

El programa Comunidades Solidarias (nombres anteriores fueron Red Solidaria, Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas) en El Salvador, tiene aproximadamente 80.000-100.000 hogares beneficiarios a los que se les brinda $15 (sólo salud) o $20 (salud más educación) en el ámbito rural o el costo medio de transporte para asistir a la escuela en el urbano (aproximadamente, US$12). Se han observado resultados significativos al menos en la zona rural, en cuanto a reducción de tasas de repetición, incidencia de diarrea y partos asistidos. El programa va contando con un aporte del BID de US$ 538.9 millones.

En Guatemala, el programa evaluado es el de MI Bono Seguro (también conocido como Mi Familia Progresa o MiFaPro) tiene 758.000 hogares beneficiados, a los que se les facilitan aproximadamente un aporte mensual de US$20 para salud y $20 para educación por familia. Al momento no hay evaluaciones a disposición de los resultados del programa. Este proyecto cuenta con un respaldo económico del BID de US$ 550 millones.

El grado de involucramiento del BID en cada uno de estos programas ha sido, sin embargo, distinto. En Honduras el BID ha estado inmiscuido en profundidad en los programas de TCM en el plano técnico así como financiero; sin embargo en Guatemala el apoyo se ha limitado a dos fases diferentes y discontinuas y enfocado en la parte fiscal y presupuestaria; mientras que en El Salvador el BID estuvo implicado en el diseño de las transferencias de efectivo siendo desde 2010 su apoyo, marginal. El documento establece que a mayor participación del BID en el proceso de diseño y control de los TMC, mejor es la calidad de las mediciones, sistemas de focalización, registro y auditoría externa de los programas. Los clientes aportaron que esto se puede deber a la experiencia en el tema y conocimientos técnicos de la entidad.

Las limitaciones de los programas se derivaron principalmente a cuestiones fiscales para proveer los fondos para las transferencias, y de administración la regularidad del desembolso de las mismas, así como problemas para implementar un sistema eficaz para garantizar el cumplimiento de las condiciones. Esto se debe en parte, a que por lo general la movilización de los fondos está intrínsecamente relacionado con los ciclos políticos, e interrumpiendo el lazo entre cumplimiento de las condiciones y pago. En las instancias en que el BID estuvo involucrado en la provisión de los fondos, el programa observó más agilidad al poner en disposición las transferencias para los beneficiarios, lo que en parte responde a que el financiamiento es externo a la situación política del país.

El documento, así, es capaz de identificar la mayor debilidad como institucional a la hora del diseño integral del programa. Además, resaltan que los tres países están atravesando graves restricciones fiscales, por lo que es esperable que repercutan aún más en los programas de TCM, al restringir o irregularizar la disponibilidad de fondos.

Los autores, en base a esto, proponen una serie de sugerencias en el ámbito institucional para futuros proyectos. Principalmente, realizar un diagnóstico completo para poder identificar los componentes institucionales más endebles, asegurarse que habrá tendrá continuidad de la coordinación y seguimiento en los desembolsos pero así también en la evaluación de los condicionamientos durante toda la duración del programa, garantizar la financiación mediante un análisis exhaustivo de las fuentes y necesidades prestatarias, y finalmente, incluir en el proceso lecciones aprendidas de previas encarnaciones de programas de TMC.

Para ver el detalle de cada componente por país, puede consultar el documento aquí.

Escrito por Florencia Paz, MTID.

Crédito de la foto:BID Ciudades Emergentes