Incorporación social en Centroamérica
Source: Global Humanitaria
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La incorporación social en El Salvador, Guatemala y Nicaragua es el tema central de un reporte realizado por investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el documento se realiza un recuento histórico de las trayectorias, los obstáculos y los avances en la implementación de mecanismos para la incorporación social como las pensiones por vejez, los servicios de salud, y las Transferencias Monetarias Condicionadas. El documento presta especial atención a los avances hacia una incorporación social universal, la cual de acuerdo a los autores es la manera más efectiva para garantizar una redistribución del ingreso y un aumento de las coberturas de los programas sociales con beneficios robustos y de alta calidad.

Los autores argumentan que entre las décadas de 1920 y 1980, los tres países analizados tuvieron un proceso de modernización caracterizado por altas dependencias del sector primario exportador, altos niveles de desigualdad en la distribución de la renta y una baja participación democrática. La situación cambió desde finales de la década de los 80 con la aparición de nuevos actores sociales y políticos interesados en generar presiones organizadas, pero solo fue a partir de 1990, que se evidenció un incremento notorio en los esfuerzos dirigidos a mejorar la incorporación social. Desde este momento se presentó un aumento del gasto social y aparecieron nuevos servicios sociales.

En términos relativos, entre 1990 y 2012, el monto de recursos por habitante se multiplicó por más de seis en El Salvador, más de tres en Nicaragua y casi tres en Guatemala. En términos absolutos, El Salvador tuvo el mayor crecimiento en el gasto público per cápita, pasando de 10 dólares en 1990 a casi 90 dólares en 2012, mientras que en Guatemala y Nicaragua pasó de 10 dólares a alrededor 30 dólares durante el mismo periodo. A pesar de este aumento, el 35 por ciento  de los salvadoreños, el 40 por ciento de los guatemaltecos y el 31 por ciento de los nicaragüenses seguían careciendo de acceso a servicios de salud.

En la década del 2000, El Salvador continuó teniendo serias limitantes de cobertura de sus programas sociales. En 2006, solo el 24 por ciento de la población tenía acceso a la seguridad social y aunque el Ministerio de Salud (MSPAS) cubría el resto de la población, solo el 40 por ciento usaba estos servicios de forma regular. Sumado a esto, la regulación de los servicios y medicamentos era insuficiente y existían grandes diferencias entre la salud pública y privada. Aun así desde este mismo año comenzaron a aparecer una serie de reformas a favor del gasto social y el mejoramiento de los servicios.

Entre las principales mejoras que se llevaron a cabo en El Salvador se destaca la reorganización de los servicios públicos del MPSAS el objetivo de focalizar esfuerzos en la población más vulnerable; además apareció el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD); y con el Plan Quinquenal de Desarrollo se propuso la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Gracias a estas reformas, se presentaron cambios importantes entre 2009 y 2011: el porcentaje de acceso a servicios por parte de la población que se enfermó pasó del 52 al 65 por ciento, la cantidad de partos atendidos por personal calificado mejoró un 5 por ciento, la tasa de mortalidad materna, por cada 100.000 nacidos vivos pasó de 56 a 51 y la Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos paso de 7 a 6.

Por otra parte, en Guatemala se creó el Programa de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos con el que se comprometían a atender a poblaciones indígenas rurales pobres; en 2008 se estableció la gratuidad de los servicios públicos de salud; y se amplió la red de servicios del Ministerio. Sin embargo, el aumento de cobertura no vino acompañado por la disponibilidad de mayores recursos por lo que hubo una caída de la calidad en el servicio y un incremento de las desigualdades entre la provisión pública y la privada.

Además de la cantidad de reformas políticas, El Salvador también contó con mejores condiciones que los otros dos países para expandir su gasto social puesto que el PIB per cápita y la productividad crecieron más, la informalidad, aunque alta, se estancó más rápidamente y los principales grupos económicos no se opusieron a un aumento moderado de la recaudación tributaria.

Con respecto a la cobertura de los sistemas de pensiones, los autores consideran que los tres países presentaron más contradicciones que avances. En El Salvador la cantidad de personas adultas mayores de 65 años cubiertas, pasó del 12 por ciento en 1997 al 13 por ciento en 2009 y  en Guatemala se observa una tendencia similar de 14 a 15 por ciento entre 1998 y 2006, el año más reciente con información disponible. El documento también presenta un amplio análisis de la influencia que han tenido otros elementos como aspectos políticos y económicos (partidos políticos, posiciones ideológicas, modelos económicos) en la incorporación social en Centroamérica. Con respecto a estos, los autores consideran que El Salvador nuevamente contó con condiciones más positivas que los otros dos países al haber tenido mayores niveles de competencia electoral y un mayor desarrollo de la democracia la cual es un factor contribuyente a la incorporación social. Para los autores, las reformas de los sistemas electorales que promuevan la estabilidad y desincentiven la corrupción y el clientelismo, favorecen la incorporación social universal.

Escrito por: Juan Carlos Mora Betancourt.

Crédito de la foto:Global Humanitaria