Inclusión Financiera rural en El Salvador
Source: Flickr: TausP.
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La CEPAL a publicado un investigación que analiza la evolución y situación actual del acceso y uso a servicios financieros como el crédito, los depósitos, transacciones, seguros, pensiones, enfocándose en el acceso por parte de los pequeños productores agrícolas en El Salvador. A partir de información del Banco Mundial, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero, la investigación encuentra que, aunque la implementación de servicios financieros en El Salvador ha aumentado en los últimos años, sigue siendo muy bajo y se sitúa por debajo del promedio latinoamericano.

Según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) presentadas en el estudio, la población rural en El Salvador representó el 37,7 por ciento equivalentes a 2,4 millones de la población total de 6,4 millones de personas del 2014. Al interior de la población rural se encontró que el acceso a cuentas bancarias fue de 31,5 por ciento en 2014 que además de ser baja, fue menor al acceso total de 36,7 por ciento en el total de la población. El acceso a cuentas por medio de celulares fue del 5,5 por ciento, el acceso a crédito fue del 16,9 por ciento, el acceso a depósitos se ubicó en 10,9 por ciento y finalmente el acceso de remesas en la población agrícola fue del 14 por ciento debido a la importante migración del campo hacia Estados Unidos.

Al comparar estas proporciones con la zona urbana, se encuentra que la población rural tiene por lo general menores accesos a los servicios financieros exceptuando el servicio a cuentas bancarias por medio de celulares, lo que demuestra según el autor un potencial de explotar medidas alternativas de acceso a productos bancarios en el sector agropecuario. Por otra parte, en términos del monto de crédito otorgado por actividad económica, el estudio encuentra que esta se ha estancado en el sector agropecuario en el último año, ya que mientras que en 2015 se otorgaron 383 millones de dólares equivalentes al 3,2 por ciento de la totalidad de créditos suministrados en El Salvador, en 2016 el monto fue de 365 millones.

Cuando se clasifica el crédito agropecuario otorgado, se encuentra que el 80 por ciento le fue otorgado a personas que realizaron actividades agrícolas mientras que el 20 por ciento restante se les otorgó a personas que se dedican a actividades agrícolas y pecuarias al mismo tiempo. Interesantemente, se encuentra que solo 1 de cada 10 personas que reportaron solicitar un crédito lo hicieron para financiar su actividad productiva, aunque de los que solicitaron financiamiento externo el 98 por ciento lo obtuvo.

En cuanto a las fuentes de la financiación, el estudio resalta que la mayor proporción de agricultores solicitaron su crédito al Banco del Estado, seguido por préstamos a familiares con un 25 por ciento, bancos privados con un 17 por ciento y por ultimo bancos cooperativos y cajas de crédito con un 5 y tres por ciento respectivamente. La mayor proporción de los créditos provenientes de fuentes del estado se explica posiblemente por el requerimiento de los agricultores para blindarse ante el cambio climático, la sequía y otras fuentes de riesgo en el sector rural.

Los autores mencionan que el acceso a crédito ha sido impulsado por nuevas leyes como la ley de garantías que amplia como su nombre lo indica garantías ante créditos otorgados lo que se vuelve un incentivo para crear una plataforma de transacciones en línea y para evaluar de manera adecuada las garantías de los usuarios. O la ley de historial crediticio que facilita la revisión de antecedentes financieros y regula la cantidad de tiempo que los usuarios puedan estar con malas calificaciones en el sistema.

Por último, el documento menciona los principales retos que debe asumir que debe afrontar el sistema financiero y estado para mejorar la inclusión financiera en los productores rurales. En primer lugar, la incidencia de pobreza en El Salvador hace que una gran proporción de su población urbana y rural no tenga los suficientes recursos para acceder a los servicios financieros. El reto es entonces elaborar productos a un costo menor en base a nuevas innovaciones tecnológicas. En segundo lugar, se menciona la inseguridad creciente que en manifestaciones como robos, hurtos, extorsiones y control del territorio por maras; incrementan el riesgo de no pago y ocasione que las instituciones financieras no envíen a sus empleados a zonas inseguras u otorguen créditos. Por lo tanto, se menciona que aumentar la seguridad rural, tendrá efectos positivos indirectos, en aumentar la inclusión.

Además de estos dos retos, el estudio recomienda : I) fomentar la coordinación entre instituciones financieras públicas y privadas para focalizar mejor las iniciativas de inclusión financiera; II) mejorar la sustancial deficiencia de información financiera que se presenta en el sector rural por medio de informes semestrales sobre la oferta de productos bancarios; y III) los autores recomiendan que el Gobierno y las instituciones bancarias implementen innovaciones tecnológicas como el “Modelo Perú”, el cual consiste en un canal digital a través de celulares en donde se pueden realizar transacciones de 34 emisores financieros.

Escrito por: Juan Carlos Mora Betancourt.

Crédito de la foto:Flickr: TausP.